Abogado Derecho Penitenciario

El derecho penitenciario se rige por la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y su Reglamento (RD 190/1996), además de los artículos 90 a 94 del Código Penal en materia de libertad condicional. Estas son las áreas en las que intervenimos con mayor frecuencia:

Abogado de permisos de salida ordinarios y extraordinarios

Tramitamos y recurrimos permisos ordinarios (art. 47 LOGP y arts. 154 y ss. RP), que exigen estar clasificado en segundo o tercer grado, haber extinguido la cuarta parte de la condena y no observar mala conducta, con un límite de 36 días anuales en segundo grado y 48 en tercero. También gestionamos permisos extraordinarios (art. 155 RP) por fallecimiento o enfermedad grave de familiares, nacimiento de hijos u otras circunstancias humanitarias, que pueden solicitarse con independencia del grado. Si la Junta de Tratamiento deniega el permiso, recurrimos en queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de plazo.

Abogado de clasificación y progresión a tercer grado

Defendemos solicitudes de progresión de grado (arts. 100 a 108 RP) cuando el interno reúne un buen expediente de tratamiento —trabajo, formación, informes favorables— y el centro penitenciario mantiene la clasificación en segundo grado sin causa suficiente. El tercer grado supone el régimen abierto o de semilibertad, con modalidades que van desde el centro de inserción social hasta el control telemático del art. 86.4 RP. También trabajamos con el art. 100.2 RP (régimen de flexibilidad) para combinar aspectos de distintos grados cuando existe un programa de tratamiento específico que lo justifique. Frente a la denegación cabe recurso de reforma y, después, apelación ante la Audiencia Provincial.

Abogado de libertad condicional

Preparamos y defendemos expedientes de libertad condicional (arts. 90 a 92 CP), que exige estar clasificado en tercer grado, haber extinguido las tres cuartas partes de la condena —o las dos terceras con actividades laborales, culturales u ocupacionales acreditadas, o la mitad en supuestos cualificados— y haber observado buena conducta. También intervenimos en las modalidades especiales para mayores de 70 años y enfermos muy graves e incurables (art. 91 CP), y en la suspensión de la ejecución en casos de prisión permanente revisable (art. 92 CP). Uno de los obstáculos más frecuentes es la falta de acreditación del pago de la responsabilidad civil (art. 72.5 y 6 LOGP): trabajamos con el cliente para diseñar un plan de pago o compromiso de pago que no bloquee el expediente.

Abogado de régimen disciplinario penitenciario

Defensa en expedientes disciplinarios incoados por el centro penitenciario (arts. 231 a 262 RP) por faltas leves, graves o muy graves, que pueden conllevar sanciones de aislamiento en celda, privación de permisos o paralización de la progresión de grado. Revisamos el pliego de cargos, presentamos alegaciones y pruebas de descargo, y recurrimos las sanciones ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria cuando se han vulnerado las garantías del procedimiento o los hechos no están debidamente acreditados.

Abogado de expulsión sustitutiva de extranjeros (art. 89 CP)

Asesoramos a personas extranjeras condenadas sobre la conveniencia de solicitar la sustitución de la pena de prisión por expulsión del territorio nacional, valorando el arraigo familiar y laboral, la naturaleza del delito y el plazo de prohibición de retorno que puede imponerse (de 5 a 10 años). También defendemos frente a la expulsión cuando no procede o cuando compromete de forma desproporcionada la vida familiar, y gestionamos los recursos cuando la expulsión se acuerda de forma automática sin la debida ponderación de las circunstancias personales.

Abogado de acumulación jurídica y refundición de condenas

Tramitamos solicitudes de acumulación jurídica de penas (art. 76 CP) para fijar el límite máximo de cumplimiento efectivo cuando existen varias condenas por hechos conexos en el tiempo, lo que puede reducir de forma muy relevante el tiempo total de prisión. Gestionamos también la refundición de condenas ante el órgano sentenciador (art. 988 LECrim) para determinar correctamente la fecha de licenciamiento definitivo y evitar errores de cómputo que perjudiquen al penado.

Abogado de traslados de centro penitenciario

Solicitamos y recurrimos denegaciones de traslado a centros penitenciarios más próximos al domicilio familiar, un factor que la jurisprudencia y la propia Administración reconocen como relevante para la reinserción y el mantenimiento de vínculos familiares, especialmente en casos con menores a cargo o familiares con movilidad reducida.

Abogado de quebrantamiento de condena (art. 468 CP)

Defensa frente a acusaciones por quebrantamiento de condena tras la no reincorporación de un permiso de salida, el incumplimiento de una medida de libertad condicional o la fuga de un centro penitenciario. Analizamos si concurrió causa de fuerza mayor o justificación suficiente para excluir el dolo exigido por el tipo, lo que puede evitar una nueva condena que perjudique gravemente futuras solicitudes de beneficios penitenciarios.

Comunicaciones, visitas y derechos del interno

Asesoramos sobre comunicaciones ordinarias, íntimas y familiares (arts. 41 a 53 RP), y recurrimos restricciones o denegaciones de visitas cuando no están debidamente motivadas. También intervenimos en quejas por condiciones de internamiento, asistencia sanitaria en prisión y otros derechos fundamentales del interno reconocidos en la LOGP.